Excluidos di Jesús Marchante*

Excluidos di Jesús Marchante*

La llamada democracia española está asentada sobre miles de desaparecidos, torturados y asesinados. Y ese hedor insoportable anega las pituitarias de los ciudadanos que han logrado resistir el engaño y la manipulación sistemáticas a lo largo de los últimos cuarenta años que representan la transición española.

No existe en Europa, ni tan siquiera a nivel mundial, un caso tan sangrante como el llamado por Naciones Unidas, “caso español”.

Hace ya mucho tiempo que países que sufrieron dictaduras atroces, como Alemania o Italia, saldaron sus cuentas con esos regímenes asesinos. También Argentina o Chile han saldado cuentas con sus dictaduras, unos con más rotundidad que otros. Incluso Camboya ajustó cuentas con los sanguinarios jemeres rojos. Sin embargo, en España los gobiernos sucesivos, ya sean del PSOE o del PP, por omisión o acción, han ignorado a los relatores de Naciones Unidas, que una y otra vez han conminado a los gobiernos españoles a instaurar, de una vez por todas, la verdad, la justicia y la reparación a todos los que sufrieron las consecuencias de la dictadura franquista, que empezó su sangrienta andadura a partir del golpe de estado del 18 de julio de 1936 contra la Segunda República, una de las democracias más avanzadas de la época. La impunidad del fascismo sigue cubriendo con su negro y pestilente manto a la sociedad española del siglo XXI.

Debemos decir, no obstante, que hay un sinfín de asociaciones y colectivos, llamados memorialistas, que trabajan de manera sistemática para dar al traste con esta impunidad intolerable. Sin embargo, no es algo tan sencillo como pudiera parecer a primera vista. Por un lado, hay colectivos que persiguen solamente restaurar, o hacer que se cumpla, la ley que el gobierno socialista de Zapatero promulgó sobre la memoria histórica y que atiende sólo a elementos parciales de esa memoria, como la supresión de nombres de calles dedicadas a gerifaltes de la dictadura o monumentos de exaltación fascista, o la posibilidad de excavar las cunetas donde yacen más de 130.000 desaparecidos desde 1936, entre ellos el poeta Federico García Lorca. Por otro, hay asociaciones como La Comuna, que agrupa a ex presos políticos de la última etapa, bastante sangrienta, del franquismo, que persigue, sin renunciar a lo otro de lo que acabamos de mencionar, sentar en el banquillo a la dictadura y procesar a los responsables de las torturas y los crímenes del franquismo. Para ello, ya que en nuestro propio país aún no ha sido posible juzgar a los torturadores y asesinos, ya que ningún juez o instancia judicial se ha atrevido a tomar una iniciativa en ese sentido, se ha seguido la vía internacional, lo que ya todo el mundo conoce como “la querella argentina”. En torno a esa querella se agrupan distintos colectivos, aparte de la Comuna. Colectivos que reivindican, por ejemplo, los bebés robados, miles de niñas y niños recién nacidos que les fueron arrebatados a sus progenitores biológicos para dárselos a familias del régimen. Dicha práctica empezó con las madres republicanas encarceladas tras la guerra, y se extendió a lo largo de los cuarenta años de la dictadura, y no sólo, incluso se llegó a traspasar esa fecha, porque se tienen datos de niños robados hasta los años ochenta del pasado siglo, en plena democracia. Colectivos que denuncian las prácticas llevadas a cabo en los llamados “preventorios”, centros de internamiento para niñas y niños “rojos”, supuestamente sin recursos, y que podían ser susceptibles de padecer ciertas enfermedades, como la tuberculosis, donde de paso se les acomodaba el cerebro convenientemente para devolverlos a la sociedad sin el “gen rojo” que los había contaminado. También apoyan la querella diversos sindicatos y asociaciones de la sociedad civil.

La querella argentina, presentada en 2010, persigue, sin haberlo conseguido aún, sentar en el banquillo a los imputados por crímenes de lesa humanidad, que son aquellos que no prescriben y que son los que se cometieron desde el inicio del golpe de estado hasta la finalización de la dictadura. Aún siguen vivos torturadores y asesinos de ese período aciago. Aún ocupan puestos en consejos de administración de empresas u otro tipo de instituciones antiguos ministros franquistas que firmaron las últimas penas de muerte de la dictadura y que sesgaron la vida, entre otros, de Salvador Puig Antich en 1974 o los cinco militantes antifascistas fusilados en septiembre de 1975 a sólo dos meses de la muerte del dictador. Por no hablar de cómo se inicia el año 1976, cuando la policía dispara a sangre y fuego contra los trabajadores y ciudadanos que estaban llevando a cabo una huelga general y que se habían refugiado en una iglesia de Vitoria, causando cinco muertos y decenas de heridos. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Franco y fundador de Alianza Popular, el partido que antecede al actual Partido Popular (PP), responsable máximo de aquella masacre, jamás fue juzgado y pudo morir en su cama tranquilamente.

Pero el gobierno del Partido Popular desoye una y otra vez los exhortos mandados por la jueza Servini, en los que pide la detención con fines de extradición de los 19 imputados en esa querella, basándose en el acuerdo bilateral existente entre los dos países, Argentina y España. El gobierno de este último país basa su negativa a extraditar, alegando que España es la única competente para enjuiciar a sus propios ciudadanos y que los hechos que se pretenden juzgar, o han prescrito o fueron ya condonados por la Ley de Amnistía de 1977.

Esa negativa recurrente y sistemática del gobierno español ha acarreado severas advertencias de los cuatro relatores de Naciones Unidas que se encargan, desde distintos ángulos, de las violaciones de los derechos humanos. La clave es esa Ley de Amnistía,  que no sólo sirvió para sacar de las prisiones a los presos políticos que habían luchado contra la dictadura, sino que, hecho curioso, sirvió también para amnistiar a sus verdugos y asesinos. Es por eso que todo lo referente al ámbito judicial se juega en poder derogar dicha ley. Sin embargo, como decía más arriba, hay organizaciones de la memoria histórica que no consideran esencial o que, incluso, son contrarias a dicha derogación.

Pero como sucede en toda lucha política, las estrategias cambian o se adaptan a los vaivenes del conflicto. Recientemente se ha puesto en marcha la llamada red de ciudades por la justicia y la memoria, que agrupa a todas aquellas ciudades y pueblos del estado español que han empezado a querellarse por sus ciudadanos desaparecidos durante todo ese largo período a que hemos aludido al inicio de este relato. Vitoria, Pamplona, Barcelona, Valencia, Zaragoza y otras muchas ciudades ya se han querellado y eso implica que se tiene que abrir una fase en la que los jueces tendrán que dar cabida a todas esas querellas y será difícil que ninguno atienda alguna de esas demandas. Además, es un proceso ya imparable, a esas ciudades y pueblos se les irán sumando muchas más y la lista se hará inmensa.

Pero mientras tanto, el gobierno español del Partido Popular, usando la denominada “ley mordaza”, la nueva ley del código penal, sigue encarcelando a jóvenes por el sólo hecho de manifestarse u a otros que escriben en twitter comentarios críticos sobre dirigentes actuales o fascistas ya desaparecidos, invocando el artículo de dicha ley que alude a la apología o enaltecimiento del terrorismo. Bajo esa distinción se está produciendo una permanente conculcación de los derechos humanos y la libertad de expresión. Por no hablar de las detenciones ilegales producidas en manifestaciones y los consiguientes internamientos en centros donde se conculcan los derechos democráticos. Todo esto sucede, como es fácil de interferir, porque sigue existiendo impunidad y continuidad con un régimen dictatorial aún no juzgado.

De otro lado, resulta insoportable que a nivel gubernamental y mediático, pero no sólo, se siga hablando un día sí, y otro también, de las víctimas del terrorismo de E.T.A. y de la poca atención recibida por éstas, cosa que es absolutamente falsa. Y no sólo, ahora que esa organización ha anunciado la entrega de las armas a mediadores internacionales, el gobierno y las asociaciones que defienden a esas víctimas, hablan de la impunidad de los terroristas y de construir un relato fidedigno de lo que aconteció, pero para nada se habla de la impunidad de una dictadura que sembró el terror en todo un país, causando miles de víctimas y de desaparecidos, ni tampoco de hacer un relato verdadero de todo lo ocurrido  desde el golpe de estado de 1936. No, esas víctimas son silenciadas, no existen y no tienen derecho, ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación. Son los excluidos de la sociedad española que, en gran parte, aún sigue mirando hacia otro lado, queriendo pasar página sin haber saldado cuentas con la historia.

 

*Jesús Marchante es el autor del diseño que encabeza el artículo.

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